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DECRETO N 1.510/997
BOCBA 310 Publ. 27/10/1997

Articulo 1º - Apruébanse las disposiciones de procedimiento administrativo que se establecen en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2º - Las normas indicadas en el articulo 1º entraran en vigencia a partir de los sesenta (60) dias contados desde su publicacion en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Art. 3º - Oportunamente girese a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para su ratificación.

FUNDAMENTOS
I

Tal como pusiéramos de resalto en ocasión de fundar el anteproyecto de Codigo Contencioso Administrativo y Tributario para la Ciudad de Buenos Aires, es menester advertir, liminarmente, que como consecuencia del texto constitucional, tras la reforma de Santa Fe de 1994 y, por ende, del nuevo status jurídico atribuido a la Ciudad de Buenos Aires, en cuya virtud ésta ha sido investida de un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción (Art. 129), se ha hecho necesario prever y proyectar las normas que, como de derecho público local, han de ser aplicadas por las autoridades competentes en ocasión de tramitar y decidir sobre situaciones y conflictos que han de traer aparejados, naturalmente, la actuación de sus órganos de gobierno.

Tal lo que ocurre, en este caso, con el cuerpo normativo regulatorio del trámite procedimental de formación de la voluntad y sus manifestaciones ulteriores de las autoridades competentes de la Ciudad - incluidos los órganos legislativo y judicial, en ejercicio de actividad materialmente administrativa - y aún asumiendo el pretendido ámbito de las potestades deferidas por la Nacion, en los ceñidos términos y alcances de la cuestionada Ley Nº 24.588.

En este sentido, cabe, pues, abordar los lineamientos básicos que informan al anteproyecto que nos ocupa, cuyo objeto esencial se ha centrado en la idea de compatibilizar la traducción formal del comportamiento de las autoridades administrativas hacia la búsqueda de la legalidad y de la verdad material objetiva, dentro de la actual y caótica dispersión normativa y; hasta anomia imperante en la materia, sin desmedro de los principios cardinales y garantias que deben asistir al particular en su duro fatigar con la administración.

II

Ello asi, se trata de un cuerpo sistematico de normas destinadas a regir el cauce formal de una de las funciones del Estado que se materializa, al decir de la doctrina especia!izada, en una serie de actos y recaudos de los órganos estatales conducentes, como fin primordial, al dictado de un acto administrativo. Empero, desde un plano material. no debe olv!darse que, contestes con lo afirmado por la jurisprudencia, "la funcion admmistrativa es realizada principalmente por el Poder Ejecutivo y sus órganos centralizados o descentralizados, nacional, provincial o municipal, pero nada obsta a la actividad administrativa en el ámbiio de los restantes poderes constitucionalmente reconocidos (Legislativo y Judicial), cuando éstos no ejercen la actividad primordial, sino que se vinculan con los particulares para proveer a la infraestructura u organización necesaria para el desarrollo de esa función" (cfr. SCBA, in re "Villar de Puenzo, Leticia", del 20-2-84, L.L. 1984-D, página 145, con nota de Carlos M. Grecco).

Sobre la base de que el procedimiento administrativo también debe llevar por fin la posibilidad de que la administracion revea sus decisiones con la colaboración del particular. evitando con ello, de ser posible, una confrontación en sede judicial, además - claro está - del cumplimiento de sus fines esenciales. se ha guardado especial cuidado en compatibilizar el procedimiento administrativo en los términos acuñados por la Corte Suprema de Justicia a través de la consagracion, como principio cardinal del procedimiento, del "debido proceso adjetivo". emergente dogmático del derecho de defensa en juicio (Art. 18, C.N.).

En todo caso, el sistema que inspira y subyace en el anteproyecto que se propicia reconoce un valioso antecedente, de insoslayable consideración, cual es el, que proporciona la Ley Nacional de Procedimientos Adiminis-. Trativos Nº 19.549, con sus distintas modificaciones y demás normas reglamentarias, la última de ellas, de modo integral, mediante el texto ordenado por Decreto Nº 1883-91-, sin perjucio de las demás normas de procedimiento, con análogo contenido, llamadas a regir en los distintos ambitos pravinciales (vid. Pedro Aberastury (h) y Miguel Danielian, "Procedimientos Administrativos (Nación y Provincias). La Ley 1990)" en cuanto constituye un aporte de incuestionable gravitación en esta normativa.

III

Aclaración mediante, cabe destacar, en igual orden de ideas. que a fin de atender a la indole de la materia adjetiva impiicada, el sistema asi delineado ha debido de armonizar, naturalmente, con las normas proyectadas del citado Codigo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y, de modo subsidiario, en lo que fuere pertinente, con las disposiciones contenidas en la aún subsistente Ley Nº 19.987 y la Ordenanza Nº 33.264. Todo ello ha servido asimismo de fuente necesaria y de valiosa consideracion en el texto adjetivo propuesto.

Ello así, en primer lugar, en cuanto ha sido insoslayable comprender, en una ley como la proyectada, bajo el actual contexto constitucional, normas de procedimiento llamadas a regir en razón de la persona publica estatal implicada. Lo cual, de otro lado. no es sino la regla procesal consagrada en el derechos vigente, en cuanto el articulo 97 de la citada Ley Nº 19.987 sienta el criterio de alcanzar a "todas las causas originadas por la actividad de la (ex) Municipalidad que se manifieste por actos de contenido general tanto en el ambito del derecho público como del derecho privado, o individual, o por hechos... ".

En otras palabras y cualquiera sea la opinion que a cada cual nos merezca el contenido, alcances y propósitos de la asaz cuestionable Ley Nº 24.588, una sana y discreta hermenéutica de sus disposiciones no puede sino entenderse, sin riesgo de severa contradiccion constitucional (Art. 129), que las potestades atribuidas a la Ciudad Autónoma conducen a concluir que a ella se impone el dictado de normas de procedimiento destinadas a regir la actuación del trámite de formación de la voluntad de sus autoridades, con particular protección de los derechos de los afectados, asi como- consecuentemente -reglar las vias de impugnacion necesarias que posibiliten el acceso a los tribunales locales competentes, unicos habilitacios para juzgar de la actuacion judicial que concierna a sus autoridades .

Es que aún con el alcance más amplio que pretenda asignarse a dicha ley garantística de los intereses del Estado Nacional ella jamás podría desconocer que. al igual que acontece con las provincias deban ser los tribunales creados por la Ciudad. bajo las normas adjetivas que rijan. verbigracia, los procedimientos y procesos ventilados en dicho ámbito territorial, los unicos competentes -jurisdiccion originaria de la Corte y/o federal aparte - para conocer y juzgar sobre la conducta de tal ‚particular sujeto de derecho.

En segundo término. razones practicas, por cierto no intrascendentes, aconsejan como de toda conveniencia-en aras incluso, de la seguridad jurídica-que el procedimiento administrativo local objeto de regulacion, se rija, en cuanto fuere posible, con el mayor numero de disposiciones conocidas y vigentes, de modo de facilitar-en cambio de acentuar lo que es por cierto complejo y, muchas veces, insondable-la convivencia pacifica y armonica de dos textos legales cuyo contenido habrá de regular la misma materia, dependiendo la aplicacion de uno u otro, tan solo de la naturaleza de la persona estatal (nacional o local, según los casos) implicada.

En otras palabras, a más de las razones constitucionales anticipadas, se ha tenido especial cuidado de preservar, en la ley proyectada, el mayor numero de normas de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549, junto a sus disposiciones reglamentarias, y a internalizadas como aplicables a la materia. Ello asi, con el propósito de que coexistan, naturalmente y sin colisiones esenciales, dos regimenes analogos en el mismo ámbito territorial, sin que alguna otra razón que el de la autoridad administrativa implicada, justifique sino un divorcio, al menos un diverso tratamiento normativo.

IV

Constituye, entonces, un principio rector del anteproyecto elaborado asegurar la finalidad primordial a la que, como cuerpo de normas llamadas a regir el procedimiento administrativo, aquél se halla destinado: constituir un instrumento de gobierno y de control, en donde asegurar el ejercicio del poder y la adopcion de las medidas necesarias y conducentes a la pronta y eficaz satisfacción del interés general, por los carriles de la seguridad y la legalidad, tanto como constituir una cabal garantia de los derechos de los particulares, por las vias recursivas y Constituye, entonces, un principio rector del anteproyecto elaborado asegurar la finalidad de reclamacion aquí contempladas.

Ello -cabe destacar- se ha hecho tanto mas necesario frente a la situación verdaderamente caótica con que han debido enfrentarse lasautoridades del Gobierno de la Ciudad. en particular en lo relativo al cumplimiento de los plazos - virtualmente ignorados - por parte de los órganos de administración activa llamados a cumplirlos, a más de las claras deflciencias y oscuridades existentes en la materia, no obstante la remisión establecida por la Ley Nº 20.621 al régimen nacional

Deficit señalado que, lejos de sorprender, debe enmarcarse en una situación de verdadera anomia de derecho público que afecta a la Ciudad de Buenos Aires, como quiera que se atienda al régimen de sus instituciones, a sus órganos de gobierno, actos y contratos e incluso a todo aquello relativo al pretendido status de su personal, actualmente vinculado al Gobierno de la Ciudad mediante un insondable régimen que ha de ser necesario contemplar bajo reglas de aquella indole (arg. del los articulos 43 y 80, inciso 2, ap. a), de la Constitucion de la Ciudad de Buenos Aires), asi como en las demas relaciones juridicas vinculantes con otras entidades públicas y privadas

V

Tal, en suma, el cuerpo sistemático de normas que se propicia a los efectos de regir en sus distintas etapas (vgr. formación de la voluntad, fiscalización, control e impugnación) la actuación de los órganos competentes del Gobierno de la Ciudad Buenos Aires, a la luz del actual status constitucional consagrado en la cláusula autonómica del Articulo 129 de la Ley Fundamental de la Nación y con expreso sustento constitucional en la cláusula décimo segunda, inciso 2). de las llamadas Claúsulas Transitorias de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

Ello así, con adicional sustento en lo normado en el Artículo 80, inciso 2, ap. a), de este último texto constitucional, corresponde al señor Jefe de Gobierno de la Ciudad el dictado del régimen de procedimientos que se propicia, en el que por vía de enfatizar el necesario carácter público de dicha normativa. se fortalecen las responsabilidades y deberes de los órganos de administración activa a los que, en forma primordial, naturalmente se dirige, sin desmedro sino, antes bien, acentuando la tutela sustantiva de los derechos subjetivos y libertades públicas implicadas, como reaseguro contra eventuales tentaciones y desbordes en las prerrogativas inherentes al poder público, que, de suyo, debe investir y ejercer la administración (lato sensu)

TÍTULOS
 
 
     

 
     
LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
TITULO I
PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1º - Ambito de aplicación. Las disposiciones de esta ley se aplicarán a la Administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada y a los órganos legislativo y judicial de la Ciudad de Buenos Aires, en ejercicio de funcion administrativa; también a los entes públicos no estatales en cuanto ejerzan potestades públicas otorgadas por leyes de la Ciudad de Buenos Aires.

Art. 2º - Competencia del órgano. La competencia de los órganos administrativos será la que resulte, según los casos, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aries, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una obligación de la autoridad o del organo corresondiente y es improrrogable, a menos que la delegacióno sustitución estuvieran expresamente autorizadas; la avocación será prccedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario o cuando el órgano inferior se halle investido de una especial competencia técnica.

Art. 3º - Los Ministros y demás funcionarios del Poder Ejecutivo y los titulares de los órganos directivos de entes descentralizados podrándirigir o impulsar la acción de sus inferiores jerárquico mediante ordenes, instrucciones, circulares y reglamento internos, a fin de asegurar celeridad, economía, sencillez y eflcacia de los tramites. delegarles facultades; intervenirlos; y avocarse al conocimiento y decisión de un asunto a meno que una norma hubiere atribuido competencia exclusiva al inferior, todo ello sin perjuicio de entender eventualmente en la causa si se interpusieren los recursos que fueren pertinentes.

Art 4º - Cuestiones de competencia. Las cuestiones de competencia que se susciten entre órganos administrativos que tengan un superior común, serán resueltas por éste; y las que involucren a entidades descentralizadas que se desenvuelvan en la misma esfera de gobierno serán resueltas por el organo de la Administracion central comun a ellas. En los restantes casos la competencia será del Jefe de Gobierno.

Art. 5º - Contiendas negativas y positivas. Cuando un organo de oficio o a peticion de parte, se declare incompetente remitirá las actuaciones al que reputare competente; si éste, a su vez la rehusare, deberá someterlas a la autoridad habilitada para resolver el conflicto. Si dos órganos se consideraran competentes, el último que hubiere conocido en el caso sometera la cuestión, de oficio o a petición de parte, a la autoridad que deba resolverla.

La decision final de las cuestiones de competencia se tomara en ambos casos, sin otra sustanciación que el dictamen del servicio jurídico correspondiente y, si fuere de absoluta necesidad con el dictamen técnico que el caso requiera. Los plazos previstos en este articulo para la remisión de actuaciones serán de dos dias y para producir dictámenes y dictar resoluciones serán de cinco días.

Art. 6º - Recusacion y excusación de funcionarios y empleados. Los funcionarios y empleados pueden ser recusados por las causales y en las oportunidades previstas en el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo dar intervención al superior inmediato dentro de los dos dias. La intervención anterior del funcionario o empleado en el expediente no se considerará causal de recusacion. Si el recusado admitiere la causal y ésta fuera procedente, aquél le designara reemplazante. Caso contrario, resolvera dentro de los cinco días; si se estimare necesario producir prueba, ese plazo podrá extenderse otro tanto. La excusacion de los funcionarios y empleados se regirá por el Codigo citado y será remitida de inmediato al superior jerárquico, quien resolverá sin sustanciación dentro de los cinco dias. Si aceptare la excusación se nombrará reemplazante; si la desestimare devolverá las actuaciones al inferior para que prosiga interviniendo en el trámite. Las resoluciones que se dicten con motivo de los incidentes de recusación o excusación y las que los resuelvan, serán irrecurribles.


TITULO II
EL ACTO ADMINISTRATIVO

Art. 7º - Requisitos esenciales del acto administrativo. Son requisitos esenciales del acto administrativo los siguientes:

  1. Competencia. Ser dictado por autoridad competente;
  2. Causa. Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable;
  3. Objeto. El objeto debe ser cierto y física y juridicamente posible; debe decidir todas las peticiones formuladas, pero puede involucrar otras no propuestas, previa audiencia del interesado y siempre que ello no afecte derechos adquiridos;
  4. Procedimientos. Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento juridico. Sin perjuicio de lo que establezcan otras normas especiales, considérase tambien esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento juridico cuando el acto pudiera afectar derechos subjetivos e intereses legitimos.
  5. Motivación. Debera ser motivado, expresandose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, ademas, los recaudos indicados en el inciso b) del presente articulo;
  6. Finalidad. Habrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines, públicos o privados, distintos de los que justifican el acto, su causa u objeto.
  7. Las medias que el acto involucre deben ser proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad.

Los contratos que celebren los organos y entidades alcanzadas por esta ley se regiran por sus propias normas especiales, sin perjuicio de la aplicación directa del presente titulo en cuanto fuese pertinente.

Art. 8º - Forma. El acto administrativo se manifestara expresamente y por escrito, indicará el lugar y fecha en que se lo dicta y contendrá la firma de la autoridad que lo emite; solo por excepción y si las circunstancias lo permitieren podra utilizarse una forma distinta.

Art. 9º - Vías de hecho. La Administración se abstendrá:

  1. De comportamientos materiales que importen vías de hechos administrativas lesivas de un derecho o garantías constitucionales.
  2. De poner en ejecución un acto estando pendiente algún recurso administrativo de los cuales en virtud de norma expresa implique la suspensión de los efectos ejecutorios de aquél, o que, habiéndose resuelto, no hubiere sido notificado.

Art. 10 - Silencio o ambiguedad de la Administracion. El silencio o la ambiguedad de la Administracion frente a pretensiones que requiera de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. Sólo mediando disposicion expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo. Si las normas especiales no previeran un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de sesenta dias; vencido el plazo que corresponda, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros treinta días sin producirse dicha resolucióne se considerará que hay silencio de la Administracion.

Art. 11 - Eficacia del acto: notificacion y publicacion. Para que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia debe ser objeto de notificacion al interesado. El acto adrninistrativo de alcance general producirá efectos a partir de su publicación oficial y desde el día que en él se determine; si no designa tiempo, producira efectos desde el siguiente al de su publicación oficial. Exceptúase de lo anteriormente dispuesto a los reglamentos que se refieren a la estructura orgánica de la Administración y las ordenes, instrucciones o circulares internas, que entrarán en vigencia desde su conocimiento por comunicación interna, sin necesidad de aquella publicación.

Los administrados podrán antes, no obstante, pedir el cumplimiento de los actos no eficaces si no resultaren perjuicios para el derecho de terceros.

Art. 12 - Presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria. El acto administrativo goza de presuncion de legitimidad; su íuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso sera exigible la intervencion judicial. Sólo podrá la Administracion utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la poblacion, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario. Sin embargo, la Administracion podra, de oficio o a pedido de parte y mediante resolucion fundada, suspender la ejecucion por razones de interes publico, cuando la ejecución del acto traiga aparejados mayores perjuicios que su suspensión o cuando se alegare fundadamente una nulidad ostensible y absoluta.

Art. 13 - Retroactividad del acto. El acto administrativo podrá tener efecto retroactivo -siempre que no se lesionaren derechos adquiridos- cuando se dictare en sustitución de otro revocado o cuando favoreciere al administrado.

Art. 14 - Nulidad. El acto administrativo es nulo de nulidad absoluta e insanable, en los siguientes casos:

  1. cuando la voluntad de la Administración resultare excluida por error esencial, violencia fisica o moral ejercida sobre el agente;
  2. Cuando fuere emitido mediando incompetencia en razon de la materia, del territorio, del tiempo o del grado, salvo, en este último supuesto, que la delegación o sustitución estuvieren permitidas; falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o los derechos invocados; por violación de la ley aplicable; de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado.

Art. 15 - Anulabilidad. Si se hubiere incurrido en una irregularidad, omisión o vicio que no llegare a impedir la existencia de algunos de sus elementos esenciales, el acto será anulable en sede judicial.

Art. 16 - Invalidez de cláusulas accidentales o accesorios. La invalidez de una cláusula accidental o accesoria de un acto administrativo no importará la nulidad de éste, siempre que fuere separable y no afectare la esencia del acto emitido.

Art. 17 - Revocacion del acto nulo. El acto administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa. No obstante, si el acto estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, solo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes, mediante declaración judicial de nulidad, salvo que el interesado hubiera conocido el vicio del acto al momento de su dictado, en cuyo caso ésta limitación será inaplicable.

Art. 18 - Revocacidn del acto regular, El acto administrativo regular del que hubieran nacido derechos subjetivos a favor de los administrados, no puede ser revocado, modificado o sustituido en sede administrativa una vez notificado. Sin embargo, podrá ser revocado, modificado o sustituido en sede administrativa si el interesado hubiere conocido el vicio en el caso del acto anulable, si la revocacion, modificación o sustitución del acto lo favorece sin causar perjuicio a terceros y si el derecho se hubiere otorgado expresa y válidamente a título precario. También podrá ser revocado, modificado o sustituido por razones de oportunidad, merito o conveniencia, indemnizando los perjuicios que causare a los administrados. Dicha indemnización sólo comprendera el valor objetivo del bien y los daños que sean una causa directa e inmediata de la revocación, excluyendo el pago del lucro cesante.

Art. 19 - Saneamiento. El acto administrativo anulable puede ser saneado mediante:

  1. Ratificacion. Ratificación por el órgano superior, cuando el acto hubiere sido emitido con incompetencia en razón de grado y siempre que la avocación, delegación o sustitución fueren procedentes;
  2. Confirmación. Confirmación por el órgano que dictó el acto subsanando el vicio que lo afecte.

    Los efectos de saneamiento se retrotraerán a la fecha de emision del acto objeto de la ratificación o confirmación.

Art. 20 - Conversión. Si los elementos válidos de un acto administrativo nulo permitieren integrar otro que fuere valido, podrá efectuarse su conversión en éste consintiéndolo el interesado. La conversión tendrá efectos a partir del momento en que se perfeccione el nuevo acto.

Art. 21 - Caducidad. La Administración podrá declarar unilateralmente la caducidad de un acto administrativo cuando el interesado no cumpliere las condiciones o prestaciones estipuladas, previa constitución en mora y concesión de un plazo suplementario razonable al efecto.


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